“Se usa una anquilosada minuta del Senado para intentar atender un capricho presidencial, a pesar de contar con innumerables aberraciones jurídicas” #Diputado GPPRD, Antonio Ortega Martínez #Mexico #Politica #Hispanos

Channel 1 Los Angeles

9/25/2020 Mexico City

No existe precedente alguno, de que una misma norma jurídica haya sido debatida ya en 4 ocasiones durante una misma legislatura, intentando resolver el mismo asunto sin lograrlo, refuta

·  Casi siete mil amparos; por lo menos cinco acciones de inconstitucionalidad y cuatro controversias constitucionales son la respuesta a la violación de derechos de servidores públicos e instituciones, enfatiza

·        La propuesta, lejos de resolver el problema, lo volverá a tribunales ¿Cuántos miles de amparos más? ¿Cuántas controversias constitucionales? ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad más para satisfacer un capricho del Presidente?, cuestiona

·        Aprobar esta Ley en sus términos, se suma a repercusiones perversas que han precarizado el trabajo burocrático, como: Las políticas de “austeridad franciscana”; el despido de miles de servidores públicos y su sustitución por inexpertos; la reducción de las remuneraciones y la prohibición de trabajar en la IP, afectando seriamente la conducción del país, acusa

Por considerar que Morena no atendió lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con tal de cumplir un capricho del Presidente López Obrador, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados rechazó nuevamente la iniciativa presentada para expedir una “Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos” mediante la cual se busca que nadie gane más que el Jefe del Ejecutivo.

El texto presentado por el diputado Pablo Gómez en este recinto, fue en acatamiento a una orden de la Suprema Corte quien condenó al Congreso de la Unión a que, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, legislara respecto de los vicios advertidos en diversos artículos que atentan contra las garantías de funcionarios que presentaron acciones de inconstitucionalidad (particularmente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una minoría calificada de Senadores) sobre lo aprobado por las y los diputados de Morena y sus aliados en cuanto a los salarios y condiciones que deben cubrir para trabajar en diversas áreas de gobierno.  

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