Propone OCDE establecer un nuevo sistema de asignación de fondos públicos ordinarios para las instituciones de educación superior

Ciudad de México, 29 de noviembre de 2018

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entregó a la Secretaría de Educación Pública (SEP), los resultados del estudio The Future of Mexican Higher Education: Promoting Quality and Equity, realizado a petición de la propia secretaría.

El informe examina las fortalezas y los desafíos del sistema mexicano de educación superior y, con base en la experiencia internacional, identifica alternativas de política pública para apuntalar mejoras.

De manera particular, examina la gobernanza, las estrategias y el financiamiento de la educación superior; los procesos que aseguran la calidad de la educación de pre y postgrado; las condiciones para lograr la equidad de acceso a la educación superior y la igualdad de oportunidades para que los estudiantes tengan éxito en sus estudios, así como las oportunidades y desafíos que enfrentan la educación tecnológica.

Reconoce, además, avances importantes que ha presentado México en la educación superior e identifica 5 prioridades clave en las que el país debe dar continuidad y redoblar esfuerzos.

La OCDE concluye que la educación superior mexicana cuenta con un sistema federal complejo y cambiante, sin una división legal clara de las responsabilidades en educación superior, por lo que, a pesar de la voluntad política mostrada en distintos aspectos, las entidades federales carecen de los recursos y las capacidades institucionales para tener un poderoso rol en la construcción y el financiamiento de políticas públicas.

En este sentido se reconoce, por ejemplo, que la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que tuvo su origen en 1978, requiere una revisión y actualización para ajustarse al contexto de las nuevas realidades y demandas que presenta la educación superior en el país. La OCDE señala, igualmente, la necesidad de concretar el Marco Nacional de Cualificaciones, el Sistema de acumulación y transferencia de créditos, así como un sistema efectivo de identificación de estudiantes y generación de estadísticas.

Respecto del financiamiento de la educación superior, sugiere establecer un nuevo sistema de asignación de fondos públicos ordinarios para las IES, en el que se consideren sus propósitos y costos reales, partiendo de la necesidad de corregir las diferencias que hay entre los subsistemas, y la de priorizar las finalidades de los fondos de que se disponen.

Propone asegurar una asignación presupuestal suficiente para el logro de los propósitos de la política nacional de educación que se defina en el próximo Plan Nacional de Desarrollo que permita afrontar los desafíos de la educación superior y eleve la calidad educativa, bajo un mecanismo de planeación financiera de largo plazo, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La tercera prioridad se centra en la calidad de la educación superior. En este rubro sugiere incentivar los procesos de evaluación institucional externa administrados por un organismo independiente del gobierno y de las instituciones de educación superior, pues el actual esquema de evaluación y acreditación muestra signos de agotamiento.

Advierte que la ausencia de un planteamiento conceptual integral sobre el significado de la calidad provoca que la evaluación se convierta en un fin y no se le considere como un medio para la mejora continua. El actual esquema de evaluación y acreditación de la educación superior debe estar articulado y reconocer particularidades.

La cuarta prioridad se enfoca en la equidad, para garantizar una educación con igualdad de oportunidades. La OCDE destaca la necesidad de mejorar la educación media superior para proporcionar un acceso equitativo a la educación superior. También será necesario que las instituciones de educación superior implementen acciones remediales para atender las carencias de habilidades y conocimientos con las que se incorporan los alumnos.

Finalmente, el estudio considera fundamental que el próximo Plan Nacional de Desarrollo priorice los principales objetivos de la educación superior y los vincule a líneas de acción concretas que incidan positivamente en el desarrollo regional del país.

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