Channel 1 LA
Hugo Gutierrez
Corresponsal-
Las organizaciones y académicos firmantes estamos conscientes de los esfuerzos que se realizan para dictaminar las iniciativas que nos permitan contar con una legislación única en materia de ejecución penal para toda la República, como lo ordena la Constitución. Saludamos particularmente la confluencia de las tres principales fuerzas políticas que permitieron la aportación de una Iniciativa común en esta materia.
Confiamos que, así como se superaron las dificultades para incorporar nuevas formas de hacer justicia mediante la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puedan encontrar los diseños legales que permitan que el debido proceso también se respete durante el cumplimiento de las sanciones penales y, con mayor razón, durante la imposición de la prisión a quienes están en espera de una sentencia.
Estimamos urgente que los jueces de ejecución penal cuenten con todas las atribuciones para imponer la ley en los espacios en que se recluye a quienes delinquieron o a quienes se les procesa en reclusión. La ventaja moral que gana el Estado cuando juzga conforme a un debido proceso se desdibuja cuando en la prisión imperan los abusos o los privilegios.
Trabajamos en contra de la impunidad, y por eso nos oponemos a los privilegios y a los grupos de poder en nuestras cárceles, pero con la misma fuerza manifestamos que las sanciones extrajudiciales en las prisiones, como las descritas en informes nacionales e internacionales de organismos de derechos humanos, lejos de servir para combatir a la delincuencia, atizan la violencia en nuestra sociedad.