El canciller Marcelo Ebrard Casaubon consideró la acción como un hito en la política exterior y de respeto a los derechos humanos Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU #Mexico #SRE

Channel 1 Los Angeles

10/5/2020 Mexico City

El pasado 2 de octubre del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Misión Permanente de México ante la ONU, envió el escrito firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la organización mundial. Esto después de ser aprobado por el Senado de la República. 

El reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones individuales había sido una demanda de familiares de personas desaparecidas en México. Si bien, México formaba parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde 2010, el Estado mexicano no había reconocido la aceptación para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas. 

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon consideró la acción como un hito en la política exterior y de respeto a los derechos humanos, ya que es la primera vez que se aceptarán recomendaciones, comentarios y observaciones internacionales para el esclarecimiento de posibles desapariciones forzadas.  

La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones, adoptada el 20 de diciembre de 2006 y vigente para México desde el 23 de diciembre de 2010, es el primer instrumento internacional que contempla de manera integral aspectos como el derecho a la reparación. Éste incluye modalidades como la restitución, la readaptación y las garantías de no repetición; la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas afectadas; el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes para que éstas examinen rápida e imparcialmente la denuncia, así como la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores contra cualquier maltrato o intimidación. 

La Convención cuenta con un Comité contra la Desaparición Forzada, establecido al amparo del Artículo 26, el cual está integrado por diez expertos de gran integridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercen sus funciones a título personal y actúan con total imparcialidad.  

El Comité examina los informes relativos a las medidas adoptadas por los Estados Parte para cumplir con la Convención y formula los comentarios, observaciones o recomendaciones que considera apropiados.   

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